Y lo hará, aseguran, debido a la pasividad del Gobierno de Aragón. En los últimos años, al conjunto de problemas, que arrastra la ganadería de porcino en Aragón, se suma el derivado del elevado coste de la retirada de cadáveres. Los ganaderos afirman que el ejecutivo autónomo se ha negado sistemática y reiteradamente a afrontar el grave problema, generado por la propia Administración, que ha establecido un sistema de retirada de cadáveres, que consideran totalmente abusivo. Sólo en la provincia de Huesca, el sector genera más de cuatro mil puestos de trabajo, y un volumen de negocio de más de 700 millones de euros, prácticamente todos ellos en el mundo rural. Por ello, creen que urge tomar medidas, que resulten necesarias para dar solución inmediata a este problema, de forma que un sector de tanta importancia para el desarrollo rural, mantenimiento de la población y el sostenimiento de la actividad económica en Aragón, como es el porcino, pueda disponer de un mecanismo acorde a las necesidades reales, y con un coste que no perjudique a la economía de las familias, que dependen de la actividad ganadera. Los ganaderos han solicitado reiteradamente que el Gobierno de Aragón abordase el sobrecoste de la recogida, que en Aragón es de 250 euros la tonelada, cuando en otras comunidades se encuentra entre los 120 y 130 euros por tonelada. Además, Aragón es la única Comunidad Autónoma en la que una empresa pública gestiona este servicio. A ello se suma que, la subvención prometida para ayudar a costear la recogida sigue sin llegar a los ganaderos. Una recogida en las explotaciones, que supera en la mayoría de los casos los 3.000 euros para una granja de tamaño medio, generando un agravio comparativo con las comunidades vecinas, cuyo sector obtiene así una importante ventaja competitiva.